Por su interés reproducimos el artículo de Fernando Lamata (Médico, experto en Gestión y Administración Sanitaria. Actualmente es miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias.). Publicado en Acta Sanitaria
En uno de sus blogs recientes, Fernando Lamata ofrece datos fehacientes de un impuesto del que no se habla, el copago, que considera injusto por cuanto recae sobre la enfermedad y que, como se deduce de las informaciones oficiales, lleva a algunos enfermos a no adquirir los medicamentos necesarios para su enfermedad.
Entre 2009 y 2013 el gasto en recetas en oficinas de farmacia (no incluye el gasto farmacéutico en los hospitales) disminuyó desde 13.415 millones de euros a 10.480 millones. Supone 3.142 millones menos. Esto se debió, en parte, a medidas de mejora de eficiencia, como la mayor utilización de genéricos o los precios de referencia; pero sobretodo se ha debido a otras medidas que transfieren el gasto desde la Administración a los pacientes: aumento de copagos, desfinanciación de medicamentos para “síntomas menores” y pérdida de la cobertura sanitaria de miles de personas.
Si vemos la evolución del gasto que realizan las personas de forma directa, de su bosillo, al comprar los medicamentos, vemos que el gasto farmacéutico privado aumentó desde 4.273 millones de euros en 2009 a 6.798 millones en 2013, es decir 2.525 millones más (http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/SCS.htm)
Impuesto a los pacientes
La financiación de la atención sanitaria a través del ‘impuesto a los pacientes’ es regresiva e injusta, porque penaliza al enfermo, que además suele ser una persona mayor y con menos ingresos.
Del supuesto “ahorro” en gasto de medicamentos en farmacias, 617 millones de euros serían menos gasto real, pero otros 2.525 millones se han transformado en un “impuesto a los pacientes”; un gasto que se ha hecho, pero que, en vez de hacerlo la sanidad pública a través de los impuestos generales, se hace a través de un “impuesto” a los pacientes. Esta forma de financiación de la atención sanitaria es regresiva e injusta, porque penaliza al enfermo, que además suele ser una persona mayor y con menos ingresos.
Por otro lado, según el Barómetro Sanitario del Ministerio correspondiente a 2015 (http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/BS_2015/Es8815mar.pdf), un 4% de la población no pudo comprar las medicinas que le recetaron los médicos, lo que indica que la mayor del supuesto “ahorro” de los 617 millones es porque los pacientes no pudieron pagar las recetas, aunque necesitaran los medicamentos.
Si vemos las recetas que se han facturado en estos años, vemos que entre 2009 y 2015, el número de recetas anuales ha disminuido en un 5,5% (http://www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/datos/home.htm). Podemos deducir de estas cifras que la mayor parte de esas recetas que no se han facturado es porque los pacientes no las podido comprar (4% de la población que no pudo). Son medicamentos que sus médicos consideraban que necesitaban. El resto (1,5%) puede ser consecuencia de un efecto disuasorio, es decir, medicamentos que los médicos no consideraban que se debieran recetar, pero que lo hacían por presión de los pacientes.