La Fiscalía de Santiago de Compostela atribuye a dos altos cargos de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia un delito de homicidio imprudente por retrasar los fármacos de la hepatitis C con «razones presupuestarias». Se trata de la primera causa penal que se abre en España contra una administración pública por dilaciones en la prescripción de medicinas a pacientes con esta enfermedad.
En su denuncia –presentada el pasado enero ante el juzgado de Instrucción número 3 de Santiago que desde entonces investiga el caso– el ministerio público achaca además al director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez, y a la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo, otro delito de prevaricación.
Ambos cargos han sido citados a declarar el próximo 28 de abril en los juzgados de Santiago. La denuncia de la fiscalía defiende que estos dos mandos designados a dedo por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo incumplieron los criterios que la propia Administración autonómica había establecido para sufragar estos caros tratamientos a los enfermos más graves mientras se negociaba un acuerdo global con las empresas farmacéuticas para universalizar su uso en la sanidad pública. Las demoras, según el fiscal, llegaron «al punto de poner en grave riesgo la vida de los pacientes con resultado de muerte en alguno de los supuestos».
La denuncia de la Fiscalía bucea en las historias clínicas de seis enfermos de hepatitis C que murieron en Galicia entre 2014 y 2015 y a los que la Xunta negó o retrasó los tratamientos, pese a que sus médicos lo solicitaron repetidamente advirtiendo de la urgencia y pese a que todos cumplían los requisitos del protocolo que el propio Gobierno gallego había establecido para dispensar esta medicación.
En el escrito de once páginas que motivó la apertura del proceso judicial, el ministerio público concluye no solo que dos altos cargos del Servicio Galego de de Saúde (Sergas) retrasaron «las peticiones y suministro de Sofosbuvir [el nombre técnico del Sovaldi] posponiendo la toma de decisiones», sino que «las razones» para hacerlo fueron «de tipo presupuestario del Servicio Galego de Saúde y no de contenido médico o clínico».